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Se expone en el Consejo de Alcaldes la utilidad del decreto de los remanentes

El presidente de la Diputación de Córdoba, Antonio Ruiz, trasladó el viertes 4 de septiembre a los alcaldes y alcaldesas de la provincia un análisis de lo que supone “tanto para la institución provincial como para los municipios cordobeses el Real Decreto-Ley 27/2020 de medidas financieras, de carácter extraordinario y urgente, aplicable a las entidades locales”.

Según Ruiz, “una medida de carácter voluntario que, por primera vez desde 2012, ofrece a las administraciones locales la posibilidad de elegir qué hacer con los remanentes de tesorería que hasta el momento se encuentran intervenidos, ofreciéndonos una nueva vía de acción”.

“El acogerse al planteamiento que se realiza en el documento, permitirá que dichos remanentes, actualmente depositados en entidades privadas, que además suponen un gasto de mantenimiento para nuestras corporaciones, se puedan prestar al Tesoro Público, pudiéndose recuperar en el plazo que las entidades elijan dentro de las posibilidades existentes”, añadió Ruiz.

El máximo responsable de la institución provincial apuntilló que “además de evitar el gasto de mantenimiento de este dinero, el crédito que se extrae en esta operación es extraordinario, ya que se percibirá en dos años el equivalente al 35% de la cuantía transferida al Tesoro Público, un rendimiento que pocos productos bancarios ofrecen y que se podrá destinar a cuestiones que redundarán en el bienestar de nuestros vecinos y vecinas”.

Ruiz abundó en que “el documento recoge que este beneficio se podrá dedicar a tareas municipales incluidas en la Agenda Urbana Española, tales como movilidad sostenible, medio ambiente, cuidado de proximidad, cultura e infraestructuras deportivas, aspectos que contribuirán, además, a la reactivación económica de muchos sectores productivos de nuestros pueblos”.

“Si analizamos detenidamente el contenido del Real Decreto-Ley 27/2020, éste recoge puntos como la prórroga del destino del superávit de 2019 a inversiones financieramente sostenibles, algo que no afecta a esta Diputación, puesto que no tuvimos superávit en dicho ejercicio”, continuó Ruiz.

El presidente de la Diputación de Córdoba ha explicado que “los presidentes de las entidades provinciales deben poner de manifiesto su compromiso antes del 15 de septiembre, debiendo estar vigente dicho compromiso hasta el 31 de diciembre de 2021”.

Para Ruiz, “este compromiso supondría, en el caso de la institución provincial, un ahorro en comisiones de mantenimiento a los bancos será de 13.312,2 euros; y un acceso a nuestro remanente, una cifra cercana a los 8 millones de euros”.

“Un préstamo que se amortizará por el Estado en un plazo máximo de 15 años a partir de 2022 a elegir la devolución en 8 en 13 años, variando el tipo de interés dependiendo de la modalidad elegida”, remarcó Ruiz.

El máximo responsable de la institución provincial puso de manifiesto que “aquellas entidades que se acojan a la colocación de partidas de remanentes en el Tesoro Público, accederán a un fondo extraordinario de 5.000 millones, recibiendo un importe equivalente al 35% de los recursos comprometidos entre 2020 y 2021, lo que supondría para la Diputación 3.010.247,65 euros (1.204.099,06 en 2020 y 1.806.148,59 en 2021) no computando para la regla de gasto estas cantidades”.

Ruiz recordó que “se incluye un compromiso por parte de las diputaciones provinciales con los municipios que tengan problemas de liquidez o se encuentren en riesgo financiero, especialmente a los menores de 20.000 habitantes”.

A modo de conclusión, el presidente de la Diputación de Córdoba quiso resaltar “el carácter voluntario de las medidas que se proponen, respetándose así la autonomía local y la legítima toma de decisiones de nuestros alcaldes y alcaldesas, sin perder de vista que se trata de una opción con la que hasta el momento no contaban las entidades locales, la de tener acceso a sus remanentes”.

Por su parte, la oposición, a través de Bartolomé Madrid, alcalde de Añora y portavoz del PP del Consejo de Alcaldes de la provincia Córdoba, pidió la retirada de este decreto del superávit, indicando que se debe cambiar la línea de apoyar la financiación de los ayuntamientos sin utilizar sus recursos. Señalando que es tremendamente insolidario con las localidades que no tienen remanente, además de ser intervencionista y oportunista, considerando que “este decreto es nefasto para el municipalismo, si tu me das, te doy”.

El PP indicó que “esta normativa tuvo sentido cuando se tuvieron que implantar medidas que frenaran gasto descontrolado que tenían los ayuntamientos para que ante una gran crisis económica tengan ahorros los ayuntamientos”. Por su parte el representante popular remarcó “en lo que se debería estar planteando es en resolver los grandes problemas que van a aparecer a los ayuntamientos, no solo por la crisis sanitaria, sino por la nueva crisis económica que va a aparecer en breve”. “Es el momento de cambiar esa normativa ahora para que, dentro de la autonomía de las entidades locales, los puedan invertir en aquellas áreas que consideren más necesarias en cada territorio” concluyó Bartolomé Madrid.

Por otro lado, Erika Ruiz, diputada de Ciudadanos con voz pero sin voto en el consejo, comentó que “el decreto debe ser cambiado para que los ayuntamientos sean libres de gastar los remanentes en sus proyectos y en lo que estimen más conveniente para los municipios que, desafortunadamente, tienen muchas necesidades”. Igualmente explicó que este decreto “no nos ayuda a salir del problema de despoblamiento que sufre la provincia de Córdoba, ya que generará problemas, llevándonos más a la sombra y penumbra”.

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